RAZONES POR LAS QUE NO SE DEBE CREAR UNA CICISV EN EL SALVADOR.

El caso guatemalteco es totalmente distinto al caso salvadoreño, en el vecino país las instituciones están permeadas desde su raíz por redes criminales, los entes encargados de velar por la seguridad pública, las autoridades que manejan la introducción de bienes a ese hermano país están carcomidas por redes delictivas profundamente ligadas a los poderes fundamentales del Estado. Recordemos el triste y deplorable caso del asesinato y tortura de los diputados salvadoreños del PARLACEN ; como muestra un botón, la imposibilidad del Estado guatemalteco de frenar la ola de asaltos, robos, violaciones y todo tipo de crímenes en las carreteras que unen a El Salvador con Guatemala. El asesinato de Facundo Cabral, el caso del comisario Zacarías, la ejecución de los policías involucrados en la muerte de los diputados salvadoreños, el involucramiento de altos mandos policiales en el mismo hecho, todo apunta a redes institucionales arraigadas en el estado mismo. Las ejecuciones extrajudiciales a manos de una red de operadores de seguridad están a la orden del día; el caso de corrupción del Presidente Alfonso Portillo, el asesinato de Rodrigo Rosemberg, abogado que grabó previo a su muerte, un video donde inculpaba al Presidente Álvaro Colom, a su esposa y a personas de su entorno cercano, acciones que gozaban de total impunidad en la sufrida Guatemala.

Para ayudar a la compresión del tema es indispensable conocer “literalmente” los tres objetivos principales que contempla el Acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas:

° Primero, la CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar a las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación;

° Segundo, la CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;

° Tercero, la CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.

De su lectura podemos entonces iniciar un proceso racional, inteligente y desapasionado de la propuesta de la creación de un instrumento similar para El Salvador. La primera pregunta que surge es la siguiente ¿existen cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos que cometen delitos que atentan contra los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de El Salvador? , la respuesta es evidente NO existen, nuestro país a través del Acuerdo de Paz de 1992, logró disolver todas las estructuras paramilitares, clandestinas y de cualquier naturaleza. El Acuerdo sobre Derechos Humanos de San José Costa Rica de 1990, marcó la ruta y el inicio de una política sostenida de respeto a los derechos humanos en El Salvador, antes fuimos sujetos a una auditoría internacional permanente, la que finalizó por el ejemplar comportamiento del Estado salvadoreño, fruto de los Acuerdos de paz que surtieron un efecto positivo sustancial en tres componentes: 1) La redefinición del Rol de la Fuerza Armada y su sometimiento al poder político constitucionalmente establecido, delimitándola a la defensa nacional.; 2) La creación de una Policía Nacional Civil (PNC) y la exclusividad de ésta en materias de Seguridad Pública y 3) La creación con rango Constitucional de una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Además de variar sustancialmente el Órgano Judicial al reformar su conformación y método de elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la asignación por disposición constitucional del 6% de ingresos del Presupuesto Nacional.

De la lectura del párrafo anterior entremos en conclusiones y razones lógicas. La fuerza Armada no tiene ya organizaciones paramilitares adscritas y es evidente la inexistencia de aparatos clandestinos en sus filas, en esto existe unanimidad de criterio en el pensamiento  nacional. La PNC es una policía que lucha por su desarrollo institucional, es supervisada permanentemente por una Inspectoría creada para tal fin y salvo casos aislados y que obedecen a comportamientos ilegales individualizados de algunos de sus miembros, no existen indicios de la existencia de estructuras criminales en la policía. El pueblo salvadoreño marchó hace unos meses junto a su PNC en contra de la violencia. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cumple en el país activamente su rol y tiene ese reconocimiento nacional e internacional, el que se comprueba a través de la búsqueda de su asistencia por diferentes actores individuales o grupales en la defensa de sus derechos. La Corte Suprema de Justicia va en plena evolución institucional, prueba de ello es la emisión de sentencias de la Sala de lo Constitucional, que aun no gustando algunas de ellas a algunos de nosotros, estas resoluciones se cumplen y se respeta la autoridad e independencia judicial. La defensa de los principios constitucionales es garantía de un estado de derecho sólido.

Cabe entonces recapitular y concluir sobre el primer mandato de la CICIG de Guatemala: “Es absolutamente absurdo el comparar la situación de Guatemala con la situación de El Salvador”. Nuestro país es víctima de un fenómeno distinto, que se creó por tres razones fundamentales, el problema de la exclusión económica y social, la conformación de organizaciones criminales en los Estados Unidos y el abandono a través de más de 25 años de extensos grupos de niños y jóvenes salvadoreños, en unos casos por la falta de sus padres, quienes tuvieron que emigrar al extranjero en búsqueda de un mejor futuro, en otros por el abandono de sus padres, que aun viviendo en El Salvador no pueden por problemas de dinero o conflictos sociales, atender y supervisar adecuadamente a los niños y jóvenes, acentuándose el problema en los sectores populares de escasos recursos económicos. Eso es lo que existe en El Salvador, el surgimiento de un problema y fenómeno social de post guerra, que evolucionó hacia la conformación de estructuras criminales denominadas pandillas o maras. Eso no fue creado en los últimos años, es un fenómeno que el Estado no atendió luego de la firma de los Acuerdos de Paz. La luz al final del túnel está en el camino iniciado  por el Consejo Nacional de Seguridad.

Sobre el segundo mandato de la CICIG, siguiendo el razonamiento lógico, al no existir aparatos clandestinos de seguridad ni cuerpos ilegales de seguridad, este objetivo es absolutamente inaplicable para El Salvador.

Lo que existe en El Salvador es una institucionalidad en plena acción, por ejemplo el caso de un ex Presidente de la República, el cual podemos  sencillamente resumir así : El Gobierno de Taiwán emitió una serie de cheques por millones de dólares a nombre de Francisco Flores Pérez (Presidente de El Salvador de 1999 al 2004), cheques que él autorizó ingresar en el Banco Cuscatlán de la Urúca en Costa Rica, el dinero tuvo dos destinos: el ingreso a cuentas del partido Arena y otros fondos desaparecieron en una transferencia en el Caribe, todo sale a la luz a raíz de un instrumento publicado llamado ROS por sus siglas en inglés, que todos sabemos que existe, pero que se niega la veracidad de su existencia por supuestas normas de confidencialidad. El Ex Presidente fue citado a una Comisión Especial de la Asamblea y se negó a concurrir a una segunda cita, actualmente es procesado en un Juzgado de instrucción por el uso indebido de esos fondos y por desobediencia a autoridad competente. Está actualmente procesado, confinado en su lujosa residencia, gozando de beneficios que la mayoría de reos del país no tienen oportunidad de solicitar (desearíamos que no fuese así pero respetamos la decisión judicial), en síntesis LA INSTITUCIONALIDAD FUNCIONANDO.

El otro caso fue el supuesto desfalco de más de mil millones de dólares al Estado salvadoreño, donde fueron juzgados los directivos de CEL, por el caso denominado popularmente CEL-ENEL, dónde mediante acuerdos entre el Estado y la firma Italiana a quién se le permitió el negocio de electricidad, las autoridades priorizaron la recuperación del patrimonio nacional que el encausamiento de los procesados, aun sin lograrse condena alguna quedó demostrado que en El Salvador ningún poderoso está excluido de ser llevado al banquillo de los acusados y que nada puede quedar “así porque sí “ en el país. LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD ESTA ACCIONANDO.

El otro caso es el denominado “caso del Chaparral”, que consiste en una obra de construcción pública de una nueva presa hidroeléctrica iniciada en los gobiernos de Arena (Flores y Saca) y continuada hasta su paralización en la primera administración del FMLN (Funes), el caso está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, a pesar de la intención de algunos sectores de Arena de querer homologar este caso con el de Flores Perez tratando de involuctar a Mauricio Funes quien nada tiene que ver, la INSTITUCIONALIDAD SALVADOREÑA ESTA INVESTIGANDO Y ACCIONANDO.

Un caso más es el conocido como el “Caso Diego de Holguín”, que trata procesalmente del supuesto cambio de órdenes de pago en favor de empresas constructoras y sobreprecios de esa carretera, están acusados entre otros el Ministro y Viceministro de la Administración Saca, conozco de la honradez personal de ambos ex funcionarios y les deseo lo mejor, pero lo importante es que el caso está siendo ventilado por la justicia en los tribunales. INSTITUCIONALIDAD FUNCIONANDO.

Lo triste es que siempre se trata de sacar raja política por unos y por otros, olvidando que nuestro país es un ejemplo de cómo se puede eliminar un conflicto armado, un conflicto que surgió por la falta de espacios políticos, por la falta de libertad política, por la falta de democracia, en pocas palabras logramos erradicar la exclusión política, pero dejamos a un lado en 1992 con los Acuerdos de Paz el problema principal, la exclusión económica y social de los grandes sectores populares.

Para concluir el análisis del tercer mandato de la CICIG de Guatemala y su equiparación con el caso salvadoreño, este señala que la CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para tal fin. El peso absoluto de la lógica hace entender que no necesitamos propuestas para erradicar algo que no existe en el Estado salvadoreño, las reformas constitucionales y legales producto de los Acuerdos de Paz de 1992, desarticularon las Defensas Civiles, las Patrullas Cantonales, los escuadrones de la muerte, los comandos urbanos. Se dictó mediante los Acuerdos de Paz una nueva institucionalidad, la que siempre debe de ser revisada y mejorada, el Acuerdo de Paz de Guatemala necesitó de una CIGIG porque descuidó lo que el Acuerdo de paz de El Salvador resolvió a través de todo un proceso, con el fortalecimiento de sus instituciones a través de la reforma constitucional; cabe recordar que todo esto fue auspiciado y supervisado a través de una “intermediación activa” por las Naciones Unidas, bajo el mandato del Secretario General Don Javier Pérez de Cuellar y bajo la presencia del mediador Don Álvaro de Soto.

Quiero rematar este artículo, señalando los últimos acontecimientos sucedidos en Guatemala, en donde ayer fue asesinado en la ciudad de Escuintla un candidato a Alcalde, sumándose éste a la lista de 4 candidatos a ediles muertos por causas políticas en ese hermano país. La creación de una CICIG no es un orgullo, ni debe ser la meta para nadie, tener una CICIG es sellar el fracaso de un marco institucional en sus más bajas degradaciones, en nuestro país lo que existe es un debate fuerte sobre las formas y maneras de hacer Gobierno, con los vaivenes de una democracia en desarrollo, el problema de El Salvador es un problema de Seguridad Pública que debemos enfrentar todos. No seamos antisalvadoreños, no enviemos un mensaje al mundo de que le fallamos al éxito político más importante de las Naciones Unidas para la solución de conflictos, como lo es nuestro exitoso Acuerdo de Paz, suscrito en Chapultepe en Enero de 1992. Un inversionista le dará la espalda al país con solo enterarse que tenemos una comisión internacional que nos resuelva lo que nosotros podemos resolver. La institucionalidad está funcionando.

He tratado de explicar con sencillez lógica, razones y argumentos ¿Por qué no es necesaria una CICIG en El Salvador?, presentando a la vez la única solución posible CONSTRUIR LA PAZ SOCIAL, CON INCLUSION ECONOMICA, en el próximo artículo escribiré una propuesta de cómo abordar este tema, buscando contribuir propositivamente para un mejor futuro de nuestro amado país.

Walter Araujo

Fue Secretario de la Comisión de Dialogo de El Salvador

Presidente de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo Electoral

Presidente de Arena, escribo con con conocimiento de causa.

Acerca de Walter Araujo

Político de derecha. Nació en San Miguel, El Salvador el 21 de Sep. de 1964. Hijo de maestros; formado desde sus estudios básicos en el Instituto Católico de Oriente - Hermanos Maristas de San Miguel. Casado; orgulloso padre de 4 hijos. Miembro de Alianza Republicana Nacionalista desde su fundación hasta el 26 Septiembre del 2013. Candidato a la Alcaldía de San Salvador por GANA (2015), Magistrado Propietario en el Tribunal Supremo Electoral (2009-2014), Presidente del Tribunal Supremo Electoral (2004-2009), Presidente de UNIORE y Presidente del Protocolo de Tikal (2005-2006). Presidente (2001-2002), Vicepresidente (2000-2001, 2002-2003) y Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa (1994-1997), Presidente de Foro de Presidentes Legislativos del Caribe y C.A. FOPREL (2001-2002). Jefe del Grupo Parlamentario de Arena (1997-2000), Presidente (2001-2002) y Director de Información de Arena (1995-2000), Diputado por 3 períodos legislativos durante (1994-2003), Secretario de la Comisión de Diálogo del Gobierno de El Salvador (1990-1992), Miembro de la Comisión para la Consolidación de la Paz COPAZ (1992-1994) y Miembro de la Juventud Republicana Nacionalista desde su fundación. Estudios Superiores en Jurisprudencia y Ciencias Sociales en Universidad José Matías Delgado. Cursos de Especialización en Derecho en la Universidad de Salamanca, Cursos de Administración y Gerencia Política en el INCAE. Graduado del Official Candidate School OCS en Fort Benning, GA (1982). Graduado del Curso de Guerra Política, Fu Hsing Kang, República de China (1990). Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa (1987-1990) y Jefe de Operaciones en el Consejo Central de Elecciones (1985-1987).
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Una respuesta a RAZONES POR LAS QUE NO SE DEBE CREAR UNA CICISV EN EL SALVADOR.

  1. Hector Martinez dijo:

    Interesante el documento planteado por Don Walter Araujo donde hace un excelente aunque breve resumen comparativo entre la situación en el país con la existente en Guatemala, donde ha funcionado una comisión internacional que ahora algunos sectores demandan también para El Salvador.

    Yo creo que habria también que analizar e informar sobre el contexto gubernamental y político que permitió y/o necesitó el montaje de tal comisión para Guatemala en búsqueda de superar su situación. Obtenido tal contexto en su momento del hermano país, hay que someterlo al análisis comparado con la situación actual existente en El Salvador, lo que permitirá contar con mejores elementos de juicio sobre el planteamiento existente.

    Resulta simplemente equivocado, tendencioso y mal intencionado plantear este tipo de comisión internacional para El Salvador cuando las condiciones nacionales resultan ser bastante diferentes a las que impulsaron esta comisión en Guatemala.

    Quizá se requiere impulsar otro tipo de refuerzo estructural a nivel del estado sobre todo en materia judicial, ministerio público y de seguridad pero esto es algo que perfectamente se puede y se tiene que hacer con las autoridades e instituciones nacionales, no veo porque hay que recurrir a comisiones internacionales para resolverlas.

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